Esta es la enésima publicación que ha venido cuestionando el Plan de Gobierno de Ollanta Humala, usando a seudo especialistas como Raul Diez Canseco (famoso por sus escándalos durante el Gobierno de Toledo y por casarse con la ex-novia de su hijo) y a Pablo Secada (quien hasta hace poco resucitó como propuesta de campaña, del señor Kuczynski, una idea que desde hace 10 años pide la Confiep en torno al régimen laboral: Reducción de vacaciones, abaratamiento del despido, etc.)
En la edición impresa de Peru21 de esta misma nota periodística aparecen las declaraciones de León Trahtemberg que critica a AMBOS PLANES DE GOBIERNO por descuidar el aspecto educativo, en esta edición digital no aparecen dichas observaciones de tan prestigioso especialista.
Ya en anteriores notas periodísticas de dicho medio de prensa se han buscado cuestionar de forma realmente absurda las propuestas del Sr. Humala, incluso llegando a sacarlas de contexto en relación a las pensiones, a las AFPs y al Plan 65 logrando el efecto contrario, que millones de soles salgan huyendo de las aseguradoras y de los fondos mutuos, lo que ha originado que los señores del BCP se manifiesten para buscar la tranquilidad económica.
Como antecedente al problema, le recuerdo que durante la campaña a la Municipalidad Provincial de Lima la candidata Susana Villarán proponía integrar el sistema educativo privado al sistema nacional. Ese integrar fue tan groseramente desvirtuado que sus detractores lo tradujeron como estatizar o nacionalizar, además estos detractores han omitido intencionalmente las facultades polçiticas de una autoridad local con respecto al de una autoridad nacional.
Sobre el artículo que redacta Peru21, sería lógico que uno mismo lea, y si es posible verifique, bien la información antes de difundirla, acá una transcripción de las páginas 164 a 168 del plan de Gobierno original que presentó Gana Perú para que lo leas tu mismo, que según los seudo expertos nos hará retroceder 40 años en el pasado:
7.1 POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
7.2.1 EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS
a) Diagnóstico:
Persiste un serio deterioro de la calidad educativa que se refleja en los resultados de aprendizaje. Cada año, miles de estudiantes no alcanzan los niveles mínimos de rendimiento que los currículos establecen para lograr habilidades en el grado correspondiente. Pruebas nacionales e internacionales como el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, 2001), el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE, 2006) y las evaluaciones censales entre 2006 y 2009, así lo corroboran.
Continúa la inequidad educativa. El Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) realizado entre el 2001 y 2008 —auspiciado por la UNESCO y considerado como la evaluación de desempeño más ambiciosa realizada en América Latina— ubica al Perú como el país más inequitativo, con mayores disparidades urbano-rurales, y entre los países en los que las niñas rurales e indígenas alcanzan desempeños significativamente menores que los niños. Las evaluaciones nacionales revelan un problema de calidad de los aprendizajes en todos los grados estudiados, y reconfirman que aprenden menos los pobres, las mujeres, los quechua-hablantes y los estudiantes del campo.
El sistema educativo no brinda los elementos necesarios para que los peruanos nos podamos desempeñar con autonomía en la construcción del bienestar social. Se impone una forma de entrar al proceso de globalización que nos somete a intereses extranjeros, que no consideran nuestros valores culturales y saberes propios, pero nos toman en cuenta como mano de obra barata, o simples excluidos de un circuito de producción y consumo ajeno a nuestro control. Esta exclusión alcanza niveles muy agudos con el dominio del proyecto neoliberal que diseña una integración al mundo de una pequeña minoría que solo requiere de una porción igualmente pequeña de la población educada. Este hecho, sin embargo, choca con la demanda de millones de peruanos por educarse adecuadamente y, de esta manera, contar con las herramientas necesarias para labrarse un porvenir. La ineficacia de nuestro sistema educativo y la realidad de la globalización, nos lleva por lo tanto a la necesidad de redefinir la lucha por el derecho a la educación.
Hay, además, una crónica desconexión del sistema educativo en su conjunto (en especial el nivel superior-universitario) con el mercado laboral. En los últimos 50 años se viene experimentando la multiplicación de carreras con mercado saturado donde casi todas las universidades quieren tener varias de las carreras más ofertadas, lo que responde a una distorsión de expectativas más que a una demanda real. Se ha multiplicado por 10 la cantidad de universidades y por 20 la cantidad de estudiantes. La universidad en el país no atiende a las demandas del mercado y/o las necesidades del país. Hoy en día, la universidad no cumple con sus funciones básicas de producción de conocimiento, formación profesional, formación técnica y proyección social.
La causa de esta situación es el abandono de la educación por parte de quienes han gobernado históricamente al país. No les ha interesado educar a las mayorías porque no era necesario para los modelos económicos que implementaron. La ampliación del sistema educativo fue producto más de los movimientos sociales y políticos por el derecho a la educación que de los gobiernos. El interés estuvo en la ampliación de la cobertura pero sin prestar atención a la calidad de los resultados.
Un ejemplo de ese desinterés se expresa en el hecho que el Perú sea uno de los países de América Latina que menos invierte en educación superior. Así, en 2006, el Perú dedicaba el 0,89% del PBI a educación superior mientras que Chile el 1.79%, y México el 1.31%. De otro lado, los gastos en investigación básica y aplicada como porcentaje del PBI, caen en un 70% en los últimos treinta años. Es decir se multiplican la oferta y se reduce la calidad hasta caer en la situación actual. Tenemos, paradójicamente, en un país de escasos recursos un problema de oferta de baja calidad y no de demanda como solía suceder, en la educación universitaria.
Asimismo, a partir de 1996 con la aprobación del Decreto Legislativo 882 de Promoción a la Inversión Privada en la Educación , han proliferado las universidades-empresa o universidades con fines de lucro, que supuestamente responden a la demanda del mercado por educación universitaria. Hay alrededor de cincuenta de estas universidades y un número indeterminado de filiales, que parecen contarse por cientos, de universidades tanto privadas como estatales, pero que tienen como punto de partida la «liberalización» del mercado universitario. Es más, de acuerdo con cifras de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) para el año 2007, las universidades privadas cuentan con más estudiantes que las estatales, 57% versus 43%, situación contraria a la tendencia histórica. Empero, a contrapelo de lo que señalan sus promotores, este tipo de universidades no responden a las demandas del mercado sino, en la mayor parte de los casos, al afán de negocio rápido de sus dueños. A estos no les interesa el carácter de institución pública de la universidad ni, como lo demuestran los resultados, la creación de conocimientos como su actividad primordial. Se trata de universidades que promueven carreras baratas, con profesores por horas y alumnos reclutados sin selección académica rigurosa.
Desde el año 2006, el gobierno aprista ha abordado tres problemas pero con desacierto: la política docente, los cambios en la gestión (centrados en el tema de municipalización) y la alfabetización. Se ha reconocido la importancia de una Carrera Pública Magisterial que revalorice la profesión docente y mejore sus capacidades y desempeño. Pero el tema se ha reducido a cuestionadas evaluaciones de docentes que finalmente debían servir para nombrar profesores e impulsar la nueva carrera magisterial. En la práctica esta política suscitó desconfianza y poco interés de los docentes, no se garantizaron los recursos para mejorar los sueldos de quienes entrarían al sistema, y las pruebas cayeron en la improvisación e incluso en manejos turbios de los resultados.
Por otro lado, la descentralización educativa se encuentra entrampada y debiera centrarse en el fortalecimiento de la autonomía de las instituciones educativas con políticas de estímulo a la participación que garanticen una mayor calidad y equidad en cada región y localidad. La municipalización de la educación básica fue un gran anuncio al inicio del actual gobierno, con importantes implicancias para la gestión educativa y la participación. Sin embargo, casi cuatro años más tarde, no hay señales de que la etapa de planes piloto haya rendido frutos suficientes para pasar a la etapa de implementación amplia de acuerdo con las lecciones aprendidas. Más aún, la municipalización se decidió de manera arbitraria y sin tomar en cuenta el proceso de descentralización del Estado en curso ni a los procesos de descentralización en marcha en el propio sector. En cuanto a participación, la municipalización no está asociada con procesos que trasciendan las consultas formales y busquen incorporar a la comunidad como socios activos en la mejora de la educación.
En el tema de la alfabetización, el gobierno aprista menciona cifras espectaculares de avances en el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA). Sin embargo, se ha puesto en tela de juicio los supuestos logros de un programa que no ha contado con el apoyo ni consultoría de organizaciones especializadas en el tema educativo y ha sido criticado hasta por la UNESCO. No se definió con claridad una línea de base de cuántos analfabetos se buscaba beneficiar, y las cifras de alfabetizados se publicaron sin explicar cómo se habían logrado.
b) Propuestas de Política:
La educación es fundamental para la viabilidad de nuestro país, necesitamos llevar a cabo una Revolución Educativa. Necesitamos completar la cobertura pendiente y elevar de manera drástica la calidad del servicio educativo que se brinda.
El eje de un movimiento ciudadano debe ser un acuerdo social y político por la educación, que afirme la política del sector como una política de Estado y le dé una perspectiva de largo plazo para ir logrando los cambios necesarios. Este acuerdo social y político debe tener a la base una conjunción de esfuerzos desde la sociedad civil y los partidos políticos para que la participación sea efectiva y las políticas tengan sostenibilidad en el tiempo.
Revalorar el Proyecto Educativo Nacional (PEN) como política de Estado (que el gobierno aprista no ha implementado) como la propuesta de mayor consenso social y político de los últimos años. El PEN constituye un buen punto de partida para iniciar una reforma educativa como parte de un programa de transformación democrática integral de la sociedad peruana, haciendo nuestros sus seis grandes objetivos estratégicos al 2021:
Objetivo 1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos.
Objetivo 2: Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad.
Objetivo 3: Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia.
Objetivo 4: Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con equidad.
Objetivo 5: La educación superior de calidad se convierte en un factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional.
Objetivo 6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad.
Un punto vital en la concreción de las políticas educativas es la prioridad presupuestal. Ella ha sido ya contemplada en el marco del Acuerdo Nacional (2002), donde se planteó que al sector Educación se le debe asignar el 6% del PBI en 2011, con incrementos anuales no menores de 0.25%.
Los auténticos cambios en la educación peruana tendrán un contenido democrático-participativo, donde los protagonistas deben ser todos los ciudadanos, asumiendo como básicos los siguientes compromisos y líneas de acción:
q Implementar las acciones educativas desde una perspectiva intercultural. Buscando educar para la vida en un país diverso y pluricultural, que necesita afirmar su identidad y ejercer la tolerancia como un valor fundamental que vaya en dirección de cerrar las brechas que limitan el pleno desarrollo de cada uno de los habitantes del país, atendiendo en particular a las áreas rurales. En nuestra sociedad, marcada por el conflicto y las relaciones asimétricas de poder entre miembros de diferentes culturas, la interculturalidad se torna imperativa para lograr una sociedad justa. La apuesta educativa por la interculturalidad y la biodiversidad parte de constatar las relaciones de hecho y afirma la inviabilidad a largo plazo de un mundo que no asuma su diversidad como riqueza y como potencial.
q Hacer efectivas medidas urgentes para mejorar los porcentajes de ejecución y la calidad del gasto en el sector. Liberar mayores recursos para elevar el gasto anual por estudiante que en 2007 fue de solo US$ 479 en primaria, frente a los US$ 2,120 destinados para ello en Chile. Asegurar un mayor financiamiento de la universidad pública, aumentando gradualmente del 0,36% de años recientes a un 1% del PBI.
q Priorizar la calidad educativa, haciendo énfasis en el nivel inicial y los primeros años de primaria debido a su incidencia en el posterior rendimiento escolar. Se debe apuntar a que todos los estudiantes logren competencias para su desarrollo personal y ciudadano, así como para el progreso e integración nacionales. Las instituciones educativas deben ofrecer aprendizajes pertinentes al estudiante y a la diversa vida productiva de la comunidad y del país. Se debe orientar el sistema de la articulación de la educación básica y superior a los objetivos del desarrollo nacional, formando técnicos y profesionales éticos, competentes y productivos.
q Revisar el sistema de evaluación de la Carrera Pública Magisterial implementado por el actual Gobierno en dirección a un Sistema Integral de Formación Docente. Es preciso conciliar al docente con el Estado, mejorar la situación remunerativa de todos los docentes en la medida que lo permitan los recursos actuales, pero a la vez implementar un Sistema Integral de Formación Docente. Se debe diseñar un sistema de capacitación articulado con evaluaciones serias para que los docentes bien capacitados accedan (y tengan incentivos para querer acceder) a una Carrera Pública Magisterial renovada.
q Erradicar el analfabetismo implementando programas de alfabetización intercultural y promoviendo el apoyo de organizaciones especializadas para obtener resultados consistentes en ese histórico problema nacional.
q Crear las condiciones materiales y espirituales para la participación de los gobiernos locales en la educación tomando en consideración al proceso de descentralización del Estado. Los distintos niveles de gobierno (central regional y municipal) deben compartir la responsabilidad de las políticas educativas y en cada uno de estos niveles debe lograrse un lugar importante para la participación ciudadana en la determinación de dichas políticas, así como en la gestión de las escuelas.
q Recuperar la universidad como una institución pública, más allá de si sus promotores son estatales o privados. Institución pública en el sentido que brinda servicios públicos como la enseñanza profesional, la investigación y la proyección social.
q Llevar a cabo una Nueva Reforma Universitaria que tenga como base a una nueva Ley Universitaria con un enfoque común para todas las universidades (públicas y privadas) luego de muchos años de haber tenido múltiples normas, muchas veces contradictorias entre sí; y que contenga los siguientes puntos:
a. Evaluar y hacer un seguimiento activo y transparente de la relación entre costo e impacto de los diversos programas y proyectos educativos en marcha. Las universidades públicas deben contar con una asignación básica para cubrir sus gastos corrientes, una asignación adicional de acuerdo a la evaluación que haga el Consejo Nacional de Universidades y asignaciones especiales para proyectos de infraestructura y equipamiento. Las universidades privadas con fines de lucro que no reinviertan sus utilidades, deben pagar los respectivos impuestos.
b. Para ser docente universitario de pregrado se necesita como mínimo grado de maestría y para ser docente universitario de postgrado se necesita grado de doctor. Los docentes que no cumplan con tener los grados académicos respectivos para estar en determinada categoría o enseñar en un determinado nivel de estudios tendrán cinco años para adecuarse a este requisito.
c. La organización académica universitaria debe incluir un ciclo de estudios generales, la obligatoriedad de una pequeña tesis de pregrado y un mínimo de créditos para los estudios de postgrado.
d. Recuperar para el Perú un nivel de producción de conocimientos adecuado a las crecientes exigencias de nuestro desarrollo y de la globalización en curso. Esto significa poner a la investigación como la actividad fundamental del sistema universitario peruano, de manera tal que las otras dos funciones, la enseñanza y la proyección social se articulen creativamente con la primera. La prioridad de la producción de conocimientos es fundamental para que los cambios tengan sentido e incidencia.
e. Para fomentar la investigación en las universidades públicas, se creará el Sistema Nacional de Investigadores Universitario con el objeto de financiar a los profesores investigadores y el Fondo Nacional de Investigación Universitaria para los proyectos de investigación.
f. Promover un vínculo permanente —a través de convenios— entre la demanda de profesionales, recursos o innovaciones tecnológicas por parte de las empresas privadas y las universidades.
g. Para superar el giro autoritario de las universidades hay que incorporar al gobierno de estas, los tres estamentos: docentes, estudiantes y graduados; que es la base de la democracia universitaria, teniendo en cuenta que el peso de cada estamento es diferente. Los rectores y decanos deben tener la función ejecutiva y la autoridad necesaria para ejercerla, no deben estar sujetos para ello a pesados organismos colegiados, como sucede en la actualidad con las asambleas universitarias, los consejos universitarios y los consejos de facultad para llevar adelante su función. Debe estar claramente diferenciada la autoridad ejecutiva de unos y la función deliberativa de los otros.
h. Las universidades nacionales que son responsabilidad directa del Estado encomendada a sus comunidades universitarias deben tener un cogobierno democrático que incluya dos tercios de profesores y un tercio de estudiantes, teniendo los graduados representación supernumeraria. Las universidades privadas deberían incluir también a los tres estamentos en la proporción que lo consideren conveniente.
i. La universidad estatal debe mantenerse como una universidad gratuita. La gratuidad de la enseñanza con recursos y orientación, no solo permite que puedan acceder a ella los estudiantes de menores ingresos sino también que esta sea un espacio de encuentro entre personas de distintas clases sociales; un espacio de integración social donde se forja el futuro liderazgo del Perú.
Ahora vuelve a leer a aquellos que dicen que la educación retrocederá, cuando lo que se busca en realidad es evitar que la Educación se siga mercantilizando.
